Las relaciones educativas y las circunstancias institucionales de determinados ámbitos sociales en conflicto nos presentan, a menudo, situaciones difíciles de abordar por sus efectos sobre el bienestar (físico, psíquico, intelectual, moral o social) de los sujetos y de los profesionales. Las prácticas educativas en situaciones de conflicto nos enfrentan con temas tabú, con ideas, hábitos o pautas de comportamiento que socialmente están estigmatizadas. Conflictos arraigados en la costumbre de personas, instituciones y comunidades abarcando aspectos antropológicos, étnicos, históricos, políticos, legales, sociológicos, lingüísticos o económicos. El simple hecho de hablar de preservativos, de prevención de embarazos no deseados o de consumo responsable y seguro levanta ampollas y rechazo por determinados sectores sociales y sectas varias. Tratar el tema del consumo de drogas es un asunto delicado, mueve pasiones e intereses y genera malestar, de forma similar a conflictos como la eutanasia o el aborto. El conflicto ético y social será una constante en el desempeño de las funciones educativas en el ámbito de las drogas y otros muchos. La inadaptación social, el “fracaso escolar”, la pobreza, el absentismo escolar, los “malos tratos”, el desamparo de menores, los “riesgos sociales”, la delincuencia, las dificultades físicas, psicológicas o sensitivas, la inmigración, el consumo de drogas o las infracciones de las leyes y normas sociales son algunos ejemplos objeto de la práctica de la educación social especializada y fuente continua de malestar y conflictos. Los educadores desempeñan sus actividades en instituciones como centros cívicos, centros de día, aulas taller, servicios sociales, centros culturales, prisiones, centros de drogas, centros de discapacitados, centros de la tercera edad, centros de menores; servicios especializados, por citar algunos. El ejercicio de la profesión educativa requiere una atención especial a las situaciones, hechos o circunstancias que en una relación educativa son fuente de malestar y conflictos para los sujetos y para los profesionales.
Reflexionando sobre nuestra práctica educativa en centros de atención a consumidores de drogas exponemos, a continuación, una serie de ideas y hechos susceptibles de generar conflictividad y malestar, tanto para los sujetos como para los profesionales:
Reflexionando sobre nuestra práctica educativa en centros de atención a consumidores de drogas exponemos, a continuación, una serie de ideas y hechos susceptibles de generar conflictividad y malestar, tanto para los sujetos como para los profesionales:
1. El marco legal. En el “conflicto” drogas el Imperio de la Ley determina el tipo de relaciones que instituciones y profesionales establecerán con los sujetos. La condición de legalidad o ilegalidad condicionará los modelos, los objetivos, los medios y la calidad de las relaciones educativas. En última instancia las leyes regulan las prácticas profesionales e institucionales, su reconocimiento y sus límites.
2. Ausencia de proyecto educativo de centro. Si no existe un proyecto educativo que fundamente y justifique la actividad profesional (funciones, responsabilidades, actividades, etc.) dicha actividad carecerá de rigor profesional, epistemológico y pedagógico.
3. Ausencia de un contrato educativo donde las partes se corresponsabilizan en el proceso educativo en condiciones democráticas.
4. Ausencia de lugares específicamente educativos. Es habitual que los educadores/as desarrollen su labor en instituciones y espacios no educativos (sanitarios, terapéuticos, penales, asistenciales). Los efectos de la labor educativa no pueden descontextualizarse de los espacios físicos donde se desarrolla. Se nos presenta prioritario para el futuro de la educación social asumir cada vez mayor independencia en el sentido de producir instituciones y espacios independientes de los discursos profesionales no educativos.
5.La utilización de espacios “escondidos”, “semiocultos” o “cutres”.
6. Espacios sin recursos (humanos, técnicos o económicos) suficientes.
7. La “exclusión” forzada de los sujetos de una circulación social normalizada como medio o fin. Las instituciones que aíslan al sujeto de una circulación social normalizada son una fuente continua de malestar. Por tradición histórica leprosos, locos, pobres, disidentes, toxicómanos y otros colectivos han sido marcados, perseguidos, apartados, excluidos y rechazados socialmente.
8. La relación calidad, objetivos y recursos. La falta de los recursos mínimos para que los objetivos perseguidos puedan lograrse. Cuando la actividad educativa fija sus objetivos en función de lo económicamente posible, en vez, de hacer lo posible para incidir en las necesidades educativas, nos encontramos ante una trágica perversión.
9. La utilización de un lenguaje inadaptado para los sujetos. Usar un lenguaje que no es significativo ni comprensible para los sujetos. El lenguaje usado ha de tener sentido y significado para el sujeto.
10. Utilización de argot. Hay una amplia corriente que defiende el uso del argot propio de los consumidores para acercarse a ellos y poder actuar educativamente. La utilización del argot de los consumidores tiende a conservar las connotaciones significativas (personales) y positivas del consumo. El uso del argot por los profesionales no facilita la normalización ni la compresión del conflicto.
11. Cuando en el ejercicio de la profesión educativa la autoridad deontológica predomina sobre la autoridad epistemológica se genera un rechazo a la autoridad, en general, del profesional.
12. La confusión institucional y profesional respecto a las funciones y responsabilidades propias de la educación social. La confusión entre lo educativo y lo terapéutico, entre la enfermedad y la responsabilidad personal, entre la tutela y la autonomía personal o entre la transmisión del patrimonio cultural común y el castigo.
13. La exigencia de las instituciones socio-sanitarias para que los educadores ejerzan funciones relativas a la medicación de los sujetos, al control en las analíticas, al cuidado y/o acompañamiento de enfermos, al entretenimiento barato, a la contención, a la represión, la coacción o la moralización.
14. La obligatoriedad de la asistencia a las actividades socio-educativas y las sanciones o castigos que puedan derivarse de las mismas. A partir de cierta edad (16 años) la educación sólo es posible desde la responsabilidad personal de los sujetos y no desde la coacción.
15. La moral deontológica que impone sus creencias “por el bien de los demás”. La moral, como la salud o la educación son derechos inalienables pero no deben ser castigos o penas. La moral deontológica se ejerce desde el poder, no desde el saber, e intenta abarcar todos los aspectos de la vida de los sujetos.
16. El escaso reconocimiento social e institucional de la educación social. El lugar donde las leyes y las instituciones ponen a los profesionales posibilita o no la función educativa. Si las instituciones no dan valor social a la educación (y a los educadores) no es posible que los sujetos puedan hacerlo.
17. El poco éxito de las actividades socio-educativas en instituciones socio-sanitarias. Hay un conflicto epistemológico y profesional entre la educación y la medicina, desde la concepción del sujeto, del objeto, del propio conflicto, hasta la metodología o los fines.
18. Realizar actividades con personas muy medicalizadas (psiquiátricamente) o bajo los efectos de las drogas ilegales.
19. El trato burocrático, superficial, eufemístico, mecánico, clínico, paternalista o tabú de temas como el consumo de drogas, el VIH//SIDA, del dolor (físico, psíquico, moral, social) la privación de libertad, la incapacitación, la tutela o la muerte. La muerte suele ser un tema tabú cargado de connotaciones, valoraciones y mitologías personales y sociales. La muerte siempre llega, por tanto, es necesaria una pedagogía de la muerte, un conocimiento cultural amplio de las preguntas, de las respuesta, de las dudas y contradicciones que las culturas y sociedades nos han legado sobre la muerte. Hay ámbitos educativos, como el de las drogas o el VIH/SIDA, donde es necesaria una educación sensible sobre la muerte, la enfermedad o el dolor.
20. La utilización de categorías utilizadas con cierta frecuencia por los profesionales y que conllevan un estigma social: terminal, crónico, toxicómano, adicto, drogodependiente, débil, infeccioso, paranoico, etc.
21. Juicios de valor y prejuicios profesionales respecto a los sujetos. Generalizaciones estereotipadas: “se morirá así”, “no cambiará nunca”, “todos son iguales”, “los toxis son así”, “es un caso crónico”, “la escoria de la sociedad”, “parásitos sociales”.
22. La vulneración de derechos o libertades con prácticas y discursos avalados por profesionales titulados. Tratar a los sujetos como incapaces e irresponsables. Los ciudadanos adultos no pueden ser incapacitados o tutelados por los profesionales. El paternalismo al uso de las instituciones es fuente de conflictos para la actividad profesional.
23. Otra fuente de conflictos son los boicots y el rechazo que personas seropositivas o personas en proceso de desintoxicación tienen que sufrir por compartir espacios: instalaciones comunitarias, puestos de trabajo, bares, etc.
24. Las prácticas que inciden en la exclusión, en la desocialización y marginación de las personas. Discursos profesionales (o no) sectarios y fundamentalistas.
25. Los miedos y fobias que ciertos profesionales sienten hacia los consumidores de drogas o seropositivos.
26. No respetar las elecciones que los ciudadanos adultos hacen respecto a su propia vida (se compartan o no).
